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Boletín de prensa 24 de agosto de 2011
EL TIEMPO
NO HABRÍA CÁRCEL PARA CONGRESISTAS INVESTIGADOS, DICE PROYECTO DE LEY
La iniciativa dice que solo se podrá capturar a un legislador con sentencia ejecutoriada.
La Comisión de Acusación radicó ayer en el Senado su propuesta de autorreforma, en la cual incluyó un artículo que les da el principio de libertad a los congresistas. Esto quiere decir que no podrán ser detenidos hasta que haya una sentencia judicial ejecutoriada.
"Para los aforados constitucionales rige el principio de libertad del procesado durante la investigación. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles", dice el artículo.
El representante conservador Germán Blanco, presidente de la comisión, aseguró que lo que se busca es un "mismo tratamiento" para igualar a los congresistas con los demás funcionarios aforados, como el Presidente o los magistrados de las cortes, a quienes no se les puede dictar ninguna orden de captura a menos que haya sentencia judicial.
Este proyecto, que se acumulará con las dos iniciativas de reforma de la justicia que ya hacen curso en la Comisión I del Senado, le cambia el nombre a esta célula legislativa para darle nivel constitucional, por lo que se llamaría Comisión de Investigaciones.
Blanco precisó que el nuevo ente tendría facultades para investigar al Contralor, al Procurador, al Auditor, al Defensor del Pueblo y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, además de al Presidente y a los magistrados de las cortes.
La iniciativa, que se radicó con la firma de 18 legisladores, crea la figura de la Sala Especial de Juzgamiento, una segunda instancia para los procesos penales y disciplinarios de los congresistas.
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, afirmó que estudiará este proyecto para pronunciarse como Gobierno, pero aseguró que no permitirá que se reviva la inmunidad parlamentaria.
"Toca analizarlo y estudiarlo con mucho cuidado, pero si se plantea algo como volver por los fueros de la inmunidad parlamentaria, como lo proponía el presidente del Senado, Juan M. Corzo, el Gobierno está absolutamente en desacuerdo con eso", aseguró.
La iniciativa generó opiniones divididas en el Congreso. El senador Roy Barreras le auguró "la misma suerte que a la comisión que lo presentó: desaparecerá en el olvido". Y Juan Carlos Vélez, senador de 'la U', dijo que se debe "estudiar esa figura, que se aplica en toda América Latina, excepto en Colombia".
Debate de reforma
Durante la segunda audiencia pública sobre los dos proyectos de reforma de la justicia que cursan en el Congreso, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que cambiar el sistema de elección del titular de su despacho genera desequilibrio de poderes.
"Me preocupa la pérdida de los debidos contrapesos que deben existir en cualquier Estado. (...) Si se otorga al Ejecutivo la integración de la terna, pues daría la posibilidad de que designe a quien va a ejercer el control. Eso podría afectar la transparencia del proceso de designación", señaló Ordóñez. Afirmó que estas reformas no solucionan el problema de la descongestión judicial, "un drama al que con esta iniciativa no se le rompe la espina dorsal".
'Hay que aumentar la planta'
La fiscal, de acuerdo con investigar a congresistas
La fiscal Viviane Morales respaldó la propuesta del Gobierno de que su despacho asuma la investigación de los congresistas, pero advirtió que no tiene la planta de personal suficiente: "No tenemos la capacidad para afrontar los procesos contra legisladores. Sería imperativo aumentar la planta de la Fis- calía delegada ante la Corte". Precisó que para desconges- tionar el ente se necesitan "por lo menos 1.000 fiscales y 3.000 investigadores".
GOBIERNO INSISTE EN QUE NO AVALARÁ LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Reforma de Comisión de Acusaciones no la contempla, pero pide principio de libertad a congresistas.
El Gobierno anunció que aún no hará un pronunciamiento oficial sobre la posibilidad de que los congresistas accedan al principio de libertad para que solo puedan ser capturados con sentencia ejecutoriada, pero advirtió que rechazarían ese tipo de iniciativas si pretenden revivir la inmunidad parlamentaria.
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, afirmó que estudiarán el proyecto de reforma radicado por la Comisión de Acusaciones, donde se contiene esa posibilidad, pero aseguró que no permitirán revivir la inmunidad parlamentaria.
"Toca analizarlo y estudiarlo con mucho cuidado, pero no sé si se plantee algo de volver por los fueros de la inmunidad parlamentaria, y si eso está en el contenido del proyecto, como estuvo en una proposición que presentó a consideración del Congreso el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, a poco de su elección, el Gobierno está absolutamente en desacuerdo con eso", aseguró Esguerra.
Agregó que si se pretende de alguna forma revivir la inmunidad parlamentaria, "nos parece que sería regresar en la historia de una forma en que el país no lo entendería, y la actual situación tampoco".
SI EL PRESIDENTE TERNA AL PROCURADOR HABRÍA DESEQUILIBRIO DE PODERES
Alejandro Ordóñez aseguró que al darle esa facultad al Ejecutivo se "afectaría la transparecía".
El procurador General, Alejandro Ordóñez, advirtió que darle facultades al Presidente de la República para que terne a quien sería el titular del Ministerio Público desataría un desequilibrio de poderes, porque se afectaría el sistema de pesos y contrapesos en el Estado.
"Lo que me preocupa de la modificación que pretende el Gobierno es la pérdida de los debidos contrapesos que deben existir en cualquier Estado. (...) Si se otorga al Ejecutivo la integración de la terna, pues se estaría otorgando la posibilidad de que designe a quien va a ejercer el control", señaló el Procurador.
Ordóñez agregó que "eso podría afectar la trasparencia del proceso de designación del Procurador General".
El titular del Ministerio Público afirmó que "uno de los grandes avances de la Constitución del 91 es que la Procuraduría y la Contraloría obtuvieron el rango de organismo de control independientes de otras ramas del poder público".
Ante la Comisión Primera del Senado, donde se discute la reforma de la justicia, Ordóñez aseguró que no es viable la propuesta del Gobierno que le da facultades al Ejecutivo para ternar al Procurador, para que luego sea el Senado quien elija.
FISCAL QUIERE INVESTIGAR A CONGRESISTAS, PERO DICE NO TENER RECURSOS
V. Morales comparte que su despacho asuma la etapa procesal, pero pide aumentar la planta laboral.
La fiscal General, Viviane Morales, aseguró que comparte la propuesta que en la reforma de la justicia incluyó el Gobierno para que sea su organismo el que asuma las investigaciones de los congresistas y que el juzgamiento lo haga la Corte suprema, pero advirtió que, en este momento, no tienen la capacidad para asumir esa competencia.
Morales afirmó que es si esa propuesta prospera, es "imperativo" que se aumente la planta de personal de fiscales delegados ante la Corte, porque es en esta jurisdicción donde recaería investigar a los congresistas.
"Comparto el pasar la competencia de investigar a los congresistas a la Fiscalía, pero no tenemos la capacidad para afrontar los procesos que se den contra los legisladores. En la actualidad, según la Corte Suprema, hay cerca de 355 investigaciones. (...) "Sería imperativo aumentar la planta de la fiscalía delegada ante la Corte", aseguró Morales.
La Fiscal General afirmó que comparte la figura de la doble instancia en el juzgamiento de aforados, pero advirtió que no comparte que se aplique como lo propone el Gobierno.
Explicó que uno de los principios de la doble instancia es que se aplique ante un superior jerárquico, y al dividir la Sala Penal de la Corte Suprema no se respetaría esa base.
De otro lado, la Fiscal señaló que "el sistema de aforamiento ayuda a la impunidad", porque se han presentado demasiados casos de funcionarios con fuero que se han visto involucrados en actos delictivos, lo que ha desbordado capacidad del organismo para sumir los procesos.
Viviane Morales también se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que las víctimas tengan competencia para asumir las investigaciones, porque, según dijo, "pone a combatir a la Fiscalía con ellas por el manejo de los procesos para esclarecer los hechos y, además, se podría contaminar mucha evidencia".
La Fiscal se pronunció en la Comisión Primera del Senado, donde este miércoles continúa la audiencia sobre los proyectos de reforma de la justicia que fueron radicados ante el Congreso.
CORTE CONSTITUCIONAL RATIFICA TRATADO DE UNASUR
La ley había sido aprobada el 28 de enero por el Congreso y sancionada por el Presidente Santos.
La Corte Constitucional declaró ajustada a la Carta Política la ley que aprobó el Tratado Constitutivo de Unasur por el cual Colombia ingresa al grupo de 12 países que conforman este bloque regional.
El fallo de la Corte se produce después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.
"La decisión tomada hoy por la Corte Constitucional es muy importante, y ratifica una vez más el liderazgo que está tomando Unasur como organismo de integración”, expresó, desde Buenos Aires, la Secretaria General del organismo, María Emma Mejía.
El Tratado se firmó el 23 de mayo del 2008 en Brasilia, pero solo entró en plena vigencia el pasado 11 de marzo con la adhesión de Uruguay como noveno Estado en aprobarlo.
El proyecto de integración regional de la Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes.
FISCAL CRITICA SISTEMA PENAL Y DICE QUE 'ES NECESARIO' REFORMARLO
Viviane Morales habló del tema durante debate de la reforma de la justicia en el Congreso.
La fiscal Viviane Morales, una de las cabezas del nuevo sistema penal acusatorio, lanzó ayer fuertes críticas a ese modelo, que empezó a regir en el país en el 2005.
En la discusión de la reforma de la justicia en el Congreso, Morales aseguró que "con el sistema acusatorio ha sido menor la eficiencia de la Fiscalía". "Las cifras hablan por sí solas (...). Con la Ley 600 (el sistema anterior) se podían presentar resultados mucho más contundentes en las investigaciones", dijo.
El cambio de sistema buscaba, precisamente, hacer más eficiente y transparente la administración de justicia. Según un balance realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia, cada año, en promedio, se están iniciando un millón de investigaciones, de las que se evacuan (con sentencias y archivos) poco más de 400.000. Y mientras en el viejo sistema un juicio duraba en promedio tres años, con el acusatorio hay sentencia en 4,3 meses.
La Fiscal señaló que "va a ser necesario introducir reformas al sistema penal acusatorio que nos permitan traer algunos elementos de la Ley 600", y cuestionó el "excesivo garantismo" del nuevo modelo.
En la sesión, la Fiscal señaló también que la orden de la Corte Suprema según la cual ella debe realizar personalmente las investigaciones de ministros, embajadores y gobernadores "favorece la impunidad", pues físicamente le es imposible llevar los 1.150 casos que tiene a su cargo.
CORTE SUPREMA DEFIENDE EL PORTE DE DOSIS MÍNIMA DE DROGA
Alto tribunal consideró que penalizarlo va en contra del libre desarrollo de la personalidad.
Aunque el porte de droga en Colombia quedó prohibido hace 20 meses por una reforma constitucional, quienes sean sorprendidos con sustancias mínimas y demuestren que son para su consumo personal seguirán libres de sanciones penales.
Así lo advirtió la Corte Suprema de Justicia en un fallo sobre el caso de un joven en Tauramena (Casanare) condenado a cinco años de prisión por llevar en sus bolsillos 79 gramos de marihuana. "Considera la Sala que aún con la prohibición constitucional de porte y consumo de estupefacientes, el concepto de dosis personal no ha desaparecido del ordenamiento jurídico", indicaron en la sentencia.
Los magistrados consideraron que sigue vigente la sentencia de la Corte Constitucional de 1994 que prohibió la cárcel a quienes fueran sorprendidos con cantidades mínimas de droga por violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas, y que introdujo el concepto de la dosis mínima.
La reforma constitucional que prohibió el porte del consumo mínimo fue aprobada en diciembre del 2009 y la Ley de Seguridad Ciudadana --que se aprobó en julio pasado-- modificó el Código Penal e impuso una pena entre 64 a 108 meses a quien sea sorprendido portando menos de mil gramos de marihuana y menos de 100 gramos de cocaína.
La cantidad que se había considerado como dosis mínima era de 20 gramos de marihuana o uno de cocaína. Por cantidades superiores se empezaban a imponer las sanciones previstas en el Código Penal así la persona sea adicta o consumidora habitual, señalaron en el fallo.
A juicio de la Corte, las normas que ahora prohíben el consumo y porte de estupefacientes como dosis personal "implica la anulación de los derechos fundamentales, pues se reprime y sanciona con el castigo más severo (pena de prisión), la decisión de la persona de abandonar el cuidado de su salud individual, elección que corresponde a su fuero interno y no trasciende en el menoscabo de los derechos de los otros miembros de la sociedad".
El caso analizado ocurrió en diciembre del año pasado. El joven cayó en una redada de la Policía y fue detenido por llevar marihuana. La Fiscalía después lo acusó de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El caso fue confirmado después por el Tribunal Superior de Yopal.
El apoderado del joven acudió a la Corte con un recurso de casación alegando que no se tuvo en cuenta que la marihuana que llevaba su cliente era para su consumo, hecho que fue comprobado con el concepto de una psicóloga forense que dictaminó su adicción a las drogas. La Corte, sin embargo, no aceptó los argumentos debido a que la cantidad encontrada en esta persona superaba la dosis mínima.
Los magistrados concluyeron que aceptar que se penalice el consumo mínimo "sería tanto como avalar un procedimiento de carácter sancionatorio para el enfermo que padece de adicción a sustancias alucinógenas, y por vía de la pena, el Estado exigirle al individuo el cuidado de su propia salud, privándolo de su derecho a la libertad".
PENALIZAR DOSIS PERSONAL VIOLA DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: CORTE
Así lo dijo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al revisar decisión de segunda instancia.
El pronunciamiento del alto tribunal se dio a conocer luego de que resolvió un proceso en casación contra un hombre que fue sorprendido con una cantidad mínima de marihuana.
Este hombre era adicto a esta sustancia y fue sorprendido en una redada judicial.
La Corte considera que en estos casos los esfuerzos de las autoridades deben estar dirigidos no hacia el consumidor sino hacia quienes comercializan la droga.
La decisión fue tomada al revisar una decisión de segunda instancia tomada por el Tribunal Superior de Yopal.
El joven, que portaba 79,9 gramos de marihuana, fue detenido en el municipio de Tauramena (Casanare) y fue juzgado por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
La Fiscaía lo acusó de esos delitos y luego fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión.
El caso fue demandado ante la Corte, pediendo que se revocara la condena, porque se había demostrado que la dosis que portaba estaba destinada para su consumo.
En el desarrollo del proceso una psicóloga forense demostró que el joven era consumidor habitual de estupefacientes, en grado de adicto.
La Corte en este caso no revocó la sentencia porque la dosis que el joven llevaba superaba el mínimo permitido, pero dejó en claro que en los casos en que haya dosis mínimas no se debe penalizar.
TODO PANTOMIMA
Por: Fernando Londoño Hoyos
Llegó el momento supremo. ¿Y qué nos encontramos? Pues que no hay un peso en el presupuesto para reparar a las víctimas.
Hay un momento de la verdad en los toros, que es en el que el matador se lanza sobre el morrillo de la fiera para clavarle el estoque. Lo demás es arte introductorio, preparativos, aproximaciones. En la administración pública también se da ese instante de las verdades. Quedan atrás los discursos, la retórica, los ensayos. El Estado dice con cuánto dinero acomete el empeño. "El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva" (Art. 347 de la Constitución).
Hecha esa advertencia preliminar, vamos al ruedo. Nos opusimos con todas nuestras fuerzas a la Ley de Víctimas y Tierras, la mayor locura nunca acometida en Colombia, dijimos. Una intención hermosa que nos sepultaría a todos, agregamos. Un esfuerzo sin antecedentes, porque nadie se sintió con fuerzas, y sobre todo con dinero, para emprenderlo. Todo en vano. Con banda de música, alocución presidencial, abrazos emocionados de los concurrentes, se lanzó el proyecto. Y se lo sancionó Ley con el mayor despliegue publicitario de que se tenga noticia. Hasta el bueno de Ban Ki-moon terminó por acompañar la comitiva y aplaudir tan buen corazón como el que teníamos.
Después nos dedicamos a preguntar cuánto valía obra tan bella. En vano. Los ponentes de la Ley la recomendaron sin detenerse en el detalle. Los jefes de los partidos políticos que la respaldaron no estudiaron ese menudo asunto. Y el Gobierno, válganos Dios, tampoco sabía nada. De nuestro lado, insistíamos en que la sola reparación administrativa, dispuesta en veinte millones de pesos por víctima, alcanzaría para dejar quebradas varias generaciones.
El Gobierno, ante la inminencia del desastre, tomó providencias inocuas para evitarlo. Como la de declarar que la Ley se cumpliría de acuerdo con las disponibilidades fiscales. Como si a una víctima reconocida en un fallo judicial se le pudiera hacer ese garboso pase torero. Y como el de declarar que el cumplimiento de la Ley se haría en un horizonte de diez años. No se pueden pagar indemnizaciones por décimas partes, ni se pueden dividir las víctimas en diez grupos, de menos a más pacientes. De todos modos, si como en el más conservador de los cálculos el pago de esa reparación vale cuarenta billones de pesos, cada presupuesto anual tendría la aspiración, ya inconstitucional por limitada, de contener solo cuatro billones para reparar víctimas.
Llegó el momento supremo. El de la Ley de Apropiaciones, esa que debe contener la totalidad de los gastos del período 2012. Todo era expectativa nuestra. Teníamos el corazón en el puño, como suele decirse. ¿Y qué nos encontramos? Pues que no hay un peso en el presupuesto para reparar a las víctimas. Todo fue música. Todo se fue en oraciones laudatorias. Todo en emociones desbordadas. En plata blanca, no sabemos por qué se la llama así, no hay un maravedí, para seguir con casticismos, dispuesto para tan piadoso propósito.
A nadie se le ocurrirá pensar que al Ministro de Hacienda, hombre tan ponderado e ilustrado, se le pasara por alto la cuestión. Es que de la mejor buena fe creyó que todo seguiría en plan de discursos inofensivos, de profundos pensamientos, de filosóficas reflexiones.
Con las leyes no pasa semejante cosa. Lo único que puede haber gratis en ellas son las motivaciones. Lo demás es con dinero. Y dinero es lo que le quedó faltando a la Ley de Víctimas y Tierras.
O al presupuesto le ponemos para este rubro un puñado de billones, sacados de quién sabe dónde, o haremos el más colosal ridículo. No andábamos errados. Tanta locura no podía ser cierta. Y por eso la rebajaron a mala pantomima. Tal vez el mundo, ayer tan admirado, no quiera tolerarla. Y las víctimas, tan esperanzadas, tampoco
EL ESPECTADOR
CLARA LÓPEZ ANALIZA EN DETALLE CRISIS EN LA SALUD
En compañía del secretario de Salud y gobernadores del país buscarán soluciones para enfrentar los problemas de la red hospitalaria.
Presentarán memorial de agravios ante Corte para que EPS paguen deudas
La alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, y el secretario de Salud, Jorge Bernal Conde, se reunirán este jueves con gobernadores, alcaldes y secretarios de Salud de todo el país para buscar soluciones a la crisis nacional de salud a cuenta de las deudas que tienen las EPS-Subsidiadas con los hospitales públicos.
De esta manera, los diferentes actores del sistema de salud definirán las políticas necesarias para garantizar el pago por parte de las EPS-S, que tienen al borde del colapso a varias instituciones y que solo en Bogotá y Medellín las deudas ascienden aproximadamente al billón de pesos.
En el caso del Distrito Capital, la Administración expondrá los actos realizados en búsqueda del pago de la cartera morosa, que ha contemplado la interposición de tutelas por parte de los gerentes de los hospitales.
La Alcaldía Mayor radicó de un memorial de agravios ante la Corte Constitucional para que las EPS-S realicen el pago inmediato de las carteras pendientes a los hospitales de la red pública.
Este acto pretende que la Superintendencia de Salud ejerza su potestad sancionadora y de intervención frente a las EPSS que no están cumpliendo con el adecuado flujo de recursos como producto de las deudas que tienen con los Hospitales y garantizar así un adecuado acceso a los servicios de salud por parte de los usuarios.
En un primer contacto con su homólogo de Antioquia, el secretario de Salud del Distrito, Jorge Bernal Conde, argumentó que “el sistema de salud esta sostenido por la red pública distrital y que estaría en riesgo de no efectuarse un pronto pago por parte de las aseguradoras”.
CORTE DEJA EN FIRME TRATADO DE UNASUR
La corporación avaló su constitucionalidad en Colombia.
Luego de que el Gobierno colombiano aprobara el Tratado Constitutivo de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el pasado 28 de enero, sólo restaba que la Corte Constitucional lo revisara y le diera vía libre.
Para el alto tribunal, el acuerdo está ceñido a la Carta Política. De esta manera, Colombia es el décimo país que aprueba el tratado, tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional.
Este tratado fue impulsado por el gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, y en su momento la ratificación por parte del Gobierno de Colombia confirmó el interés de consolidar esta organización suramericana que tiene como objetivo construir un espacio de integración regional en lo cultural, social, económico y político.
'LA VERGÜENZA SE PERDIÓ EN EL PAÍS'
Francisco de Roux, conocedor como ningún colombiano del conflicto armado en el Magdalena Medio, hace un balance de la Ley de Víctimas y asegura que el proceso de reconciliación debe incluir a los victimarios.
El padre Francisco de Roux está inmerso en las vidas de las víctimas desde 1995, cuando se instaló en el Magdalena Medio para vivir y entender de primera mano la dinámica de la guerra.
Padre Francisco de Roux
No importa cuán discreto intente ser el padre Francisco de Roux —desde los zapatos hasta el tono de la voz—, cuando él está presente, bastan sólo unos minutos para que todo termine gravitando a su alrededor. Sobre todo si se trata de una conversación sobre la nueva Ley de Víctimas o, más aún, cuando se pone sobre la mesa una pregunta: ¿qué valoran los colombianos?
Hoy, por cuenta de la aprobación de la ley 1448 de 2011, las víctimas han regresado al centro del debate. Pero en el caso del padre han estado presentes desde 1995, cuando empacó maletas y viajó hasta el Magdalena Medio, donde se libraban las más feroces batallas entre paramilitares, guerrilla y ejército, para crear un modelo de paz y desarrollo. Para trabajar hombro a hombro con las comunidades y ayudarlas a recuperar su dignidad.
Nadie entiende como él los alcances y limitaciones de la nueva política para atender a las víctimas. Nadie con más autoridad moral para advertir que, como lo dice en esta entrevista, “no basta con ejercer la autoridad sobre los victimarios. De nada sirve aumentar el número de policías y militares para que exista uno al lado de cada víctima. Lo importante es incidir en el victimario, convertirlo al valor de la vida”.
¿Esta nueva ley es la solución a los problemas de las víctimas?
La Ley de Víctimas tiene a mi juicio un valor fundamental y es que nos hace a todos los colombianos responsables de lo que ha pasado aquí. Y responsables no sólo moral y políticamente, sino también económicamente. Vamos a tener que pagar entre todos, con la plata del Estado que es nuestra. Cuando aquí maten a un hombre que defienda el medio ambiente. Cuando aquí secuestren. Cuando haya un falso positivo. Hasta ahora más o menos la idea que se tenía era que este es un país de gente buena, donde no hay corruptos, ni injusticias institucionales, donde no destruimos la naturaleza, sino que había un grupo de malos mezclados con mafia, guerrilleros y paras, que nos atacaban a todos los buenos. La ley lo que dice es que hay un conflicto armado, profundo, todos somos responsables y las víctimas son de todos los lados.
¿Está de acuerdo con que se considere sólo a las víctimas desde 1985?
Se necesitaría una posición más sabia y sutil para hacer ese discernimiento. Yo prefiero hablar de comunidades victimizadas, pues no sólo han atacado a las personas que están allí sino que el hábitat que las rodeaba fue totalmente destruido y transformado en hábitat de miedo y terror; el contexto ecológico fue transformado en procesos agroindustriales masivos y, una de las cosas mas criminales, el campo fue sembrado con minas antipersonales. Así que solucionarle el problema a una persona, si no se tiene total comprensión de lo que ha sucedido, puede ser una tarea limitada.
¿Qué se puede hacer entonces para enmendar lo que no quedó en la Ley?
La Ley necesita la movilización de la opinión pública y de los pobladores, acopio de recursos y la determinación de hacer cambios estructurales para que sus pretensiones se consigan. A través de la dignificación de la totalidad de las víctimas, articulándolas con la naturaleza y la sociedad, podremos conseguir reconciliación. Hay que tocar las causas por las que las víctimas fueran victimizadas, hacer los cambios estructurales para que esto no se vuelva a dar. Eso no está garantizado ni explicitado en el texto y va a requerir que las comunidades se involucren, para no dejar que la ley sea manejada por aparatos burocráticos que la simplifiquen.
¿Teme que todo esto se quede en el papel?
Podemos estar en un escenario de matar el tigre y asustarnos con el cuero. El camino que se abre es exigente. Voy a volver a una imagen que nos puede ayudar a pensar. Una de las preocupaciones de esta conversación es el valor de la vida. Es la relación del ser humano con la naturaleza. La imagen que se me ocurre es la del feto al interior del vientre de la madre. Usted no puede proteger al feto sin proteger a la madre y la totalidad de la vida. Pero esa es la relación de cada uno de nosotros con la naturaleza, con el paisaje, con el territorio. Somos una sola cosa con esa totalidad.
Sin ser pesimistas, ¿la devolución de tierras no nos devuelve al escenario que desató esta guerra?
Acepto que la ley se puede quedar en la mitad del camino y devolvernos a hace 40 años, a la situación agraria en que fueron arrebatados de seis a ocho millones de hectáreas. La condición para conseguir lo que estamos buscando es trabajar con seriedad desde lo político y lo educativo. Si no se crea un aparato serio que enfrente eso, no es posible. Se necesita la presencia empoderada de las víctimas, no sólo en la institución que toma decisiones en Bogotá sino en las regiones, donde va a ser mucho mas difícil, porque muchos de los victimarios están en el poder local y tienen injerencia en la justicia y política locales. Si allí mismo no están las víctimas con protección de sus vidas será muy difícil avanzar. Pero no basta con ejercer la autoridad sobre los victimarios. Es muy importante convertirlos a los valores que están en juego, al valor de la vida.
¿Cuánto va a tomar una reconciliación?
Es difícil que las víctimas perdonen hasta que no les digan toda la verdad, hasta que primero no se repare todo. Me acuerdo del escenario de Puerto Berrío. En aquella plaza un hombre desmovilizado del Bloque Central Bolívar tomó el micrófono y dijo: “Ustedes nos tienen que perdonar”. Fue muy bonita la respuesta de las víctimas, la expresión fue de “estamos abiertos a la reconciliación, pero no sean sinvergüenzas”. Y empezaron a hacer preguntas: díganos por qué nos mataron, díganos dónde están las personas de nuestras familias, cómo nos van a garantizar que no va a volver a pasar. Lo que pasa es que la vergüenza, que se ha perdido en el país, es un valor muy grande. Es el sentimiento que tienes por violar los pactos de honor de una comunidad. Eso es importante sentirlo: que le he sido infiel a mi gente. Que he tocado las cosas sagradas. Si no se logra la confianza no se puede vivir en paz, ni construir la seguridad.
¿Cuándo vamos a tener esas herramientas y un país que haga todo esto?
Creo que para avanzar en esa dirección el proceso tendría que tener en cuenta a los líderes; a los procesos campesinos, indígenas y afrodescendientes. En todas partes hay un liderazgo real basado en mujeres y hombres que son creíbles, que cuando convocan la gente responde, que no son políticos buscando el poder ni la manipulación de los demás. Esa riqueza es muy honda. Hemos perdido al menos 10.000 personas de esas. Esas personas que le ponían la cara a la guerrilla, a los paras, a los políticos y tocaban el alma de los pobladores.
Pero es difícil desmontar esos aparatos de guerra.
La guerra desestabiliza, enreda, llama a vivir en un escenario de terror. Ahí se mueve el aparato mafioso que manda a matar. Hay que luchar con todo para no seguir por ese camino. Hay intereses fuertes en mantener la guerra porque es el escenario donde todo vale. Es el escenario opuesto a la vida. Vale tumbar los bosques y sembrar minas.
¿La Ley de Víctimas está acorde con el modelo de desarrollo del Gobierno?
Un proyecto como este debe ser consistente con sus propios supuestos éticos. Es evidente que en una ley así el desarrollo es el ser humano en armonía con la naturaleza. Colombia, por ahora, no piensa que el desarrollo es el ser humano. Colombia piensa que es exportar más barriles de petróleo, más carbón, más aceite de palma, más toneladas de caña de azúcar, porque con eso conseguimos divisas, tenemos plata y qué importa que todo se destruya. Ese es el punto de fondo. Entender que vivir en armonía con la naturaleza no está en contra de la producción y el desarrollo.
Como provincial de los Jesuitas, ¿no cree que la Iglesia tiene una deuda con el país en la educación desde una perspectiva de respeto a la naturaleza?
Mi sentir es que el cristianismo tiene una deuda con la ecología, con el medio ambiente. Pero la Iglesia ha producido recientemente muchas orientaciones en este sentido. Los mensajes éticos de poner en primer plano la responsabilidad con la naturaleza son muchos. Un compañero jesuita, ya viejo, me decía el otro día: cuando yo entré de jesuita me dijeron que nuestro objetivo era salvar las almas y llevarlas al cielo; después, en los años 70, me dijeron que la meta era luchar por la justicia y ahora, cuando tengo 80 años, me dicen que el objetivo es luchar por la naturaleza.
PROCURADOR DICE QUE CAMBIAR SISTEMA DE SU ELECCIÓN AFECTA PESOS Y CONTRAPESOS
Alejandro Ordóñez considera que dejar en manos del presidente la designación de una terna, termina afectando la transparencia de la elección del Procurador.
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dio a conocer sus puntos de vista frente al proyecto de reforma a la justicia que está en trámite en el Senado.
Ante la comisión primera de la corporación, Ordóñez dijo que primero que no se puede cambiar el sistema de elección del Procurador, como lo plantea el proyecto presentado por el Gobierno.
Cuando el Gobierno buscar que el procurador salga de una terna conformada por el presidente de la cual debe elegir el Senado, el jefe del Ministerio Público consideró que esto podría terminar afectando los debidos controles de los diferentes pesos y contrapesos que deben existir en cualquier Estado.
“Si se le otorga exclusivamente al presidente la integración de una terna, pues se estaría otorgando la posibilidad de que designe a quien va a ejercer el control no sobre quien lo terna, sino con funcionarios de la administración”, aseguró.
Para Ordóñez, esa posibilidad, “en alguna medida podría afectar la transparencia de la designación del Procurador”.
“Uno de los grandes avances de la Constitución de 1991 se tradujo en que la Procuraduría y la Contraloría adquirieron la connotación de órganos de control y vigilancia autónomos e independientes de las ramas del poder público, garantizando de esta manera la absoluta independencia de quien juzga frente al servidor público ante quien ejerce el control”, sostuvo.
Congestión judicial
De otro lado, el procurador dijo que el proyecto de reforma a la justicia “no rompe la espina dorsal” de la congestión que actualmente sufre el país en los despachos judiciales.
“Para afrontar la congestión no se requiere de la reforma constitucional; se requiere diseñar medidas suficientemente audaces para enfrentar la congestión”, aseguró.
Según él, sólo se necesitan elementos legislativos para “lograr responder a esta dramática situación” y acabar con “ese cáncer”.
En ese caso, no descartó el otorgamiento y atribución de funciones judiciales a abogados. “Es un caso extremo pero desde luego el derecho público lo ha considerado, toda vez que existe la figura de la administración por colaboración”, añadió.
RADICAN REFORMA A LA JUSTICIA QUE IMPIDE DETENCIÓN DE CONGRESISTAS
La propuesta, presentada por la Comisión de Acusación e Investigación, busca que sólo sean cuando exista una sentencia contra los legisladores.
La comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara radicó este miércoles su propio proyecto de reforma a la justicia.
La iniciativa, que desde ahora suscita gran debate, tiene un polémico artículo que busca impedir la detención de los congresistas mientras sean investigados.
El presidente de la Comisión, Germán Blanco Álvarez, dijo que se debe respetar el derecho universal de las personas procesadas.
“En Colombia única y exclusivamente, porque en los demás Estados del mundo no existe, mientras a un congresista se le juzga, se le detiene (…) queremos que los congresistas no sean detenidos mientras su juzgamiento y que sean detenidos sólo en razón de una sentencia judicial ejecutoriada”, explicó.
Doble instancia
En el mismo sentido, la comisión propuso la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas porque “es un derecho que existe universalmente pero en Colombia no está”.
“Nosotros no tenemos (como congresistas) como recurrir a una segunda instancia”, aseguró.
Igualmente, Blanco dijo que la comisión promueve garantizarles a los aforados constitucionalmente que investiga, la doble instancia. El proyecto establece que la instrucción del proceso se haga en la comisión, que sean juzgados en primera instancia en la plenaria de la Cámara y la segunda sea la plenaria del Senado.
Sin investigación del Procurador
Otro punto de polémica del proyecto establece que el Procurador General de la Nación no pueda tener la facultad de investigar disciplinariamente a los congresistas.
“No estamos de acuerdo que se nos siga investigando disciplinariamente por la Procuraduría General”, recalcó Blanco.
Aumentar de aforados
De otro lado, la comisión en el articulado promueve ampliar el número de aforados que investiga.
La idea es extender los derechos de investigar al Vicepresidente, magistrados del Consejo Electoral, procurador, Contralor y Defensor del Pueblo.
PRESENTARÁN MEMORIAL DE AGRAVIOS ANTE CORTE PARA QUE EPS PAGUEN DEUDAS
La alcaldesa Clara López lo radicará para solicitar la intervención forzosa de este organismo a las Entidades Promotoras de Salud Subsidiada.
Como medida para que las EPS subsidiadas realicen el pago inmediato de las carteras pendientes a los hospitales de la red pública distrital, la alcaldesa Clara López Obregón radicará un memorial de agravios ante la Corte Constitucional a través del cual se pretende la intervención forzosa de este organismo a las Entidades Promotoras de Salud Subsidiada.
“Después de profundizar en la comisión de crisis que hemos conformado con el secretario de Salud, Jorge Bernal Conde, hemos adoptado la determinación de no entorpecer la rama judicial con un innumerable monto de tutelas que estaban preparadas en los hospitales, hemos optado por el camino de dirigirnos directamente a la Corte Constitucional a través de su presidente, para poner en conocimiento la grave situación de incumplimiento de las sentencias de la Corte que están efectuando en particular seis EPS del régimen subsidiado, para solicitar que por intermedio de la Corte se ordene su intervención inmediatamente”, dijo la alcaldesa.
De esta manera y con el apoyo de la Secretaría de Salud y los 22 gerentes de los hospitales públicos, el Distrito exigirá la intervención del organismo de control a las 6 EPS-S que tienen mayor deuda y que son en su orden: Salud Cóndor, Unicajas, Caprecom, Ecoopsos, Humana Vivir y Solsalud.
“Este acto pretende que la Supersalud ejerza su potestad sancionadora y de intervención frente a las EPS-S que no están cumpliendo con el adecuado flujo de recursos como producto de las deudas que tienen con los hospitales y garantizar así un adecuado acceso a los servicios de salud por parte de los usuarios”.
De igual manera, la mandataria radicará un documento ante la Corte Constitucional para que se realice el seguimiento pertinente, en el marco de la Sentencia T-760 de 2008, proferida como respuesta a los problemas recurrentes de violaciones al derecho a la salud, y garantizar así el cumplimento de las órdenes impartidas tanto a las EPS-S, como a la Superintendencia de Salud y demás actores del sistema.
Adicionalmente la alcaldesa de Bogotá anunció como vocera de los capitalinos que en la carta dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud solicitó la intervención de las EPS-S morosas bajo 6 consideraciones:
1. Competencias Constitucionales y Legales del Alcalde Mayor.
2. Seguridad Social y derecho a la salud en la Constitución política y el precedente constitucional.
3. Función de aseguramiento para la prestación del servicio de salud.
4. Situación relacionada con la prestación de los servicios de las EPS-S en el Distrito Capital.
5. Solicitudes.
6. Pruebas.
BAJA NOTA EN EXAMEN SOBRE TORTURA EN COLOMBIA
Por: Gustavo Gallón
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura recomendó al Gobierno en noviembre de 2009 que ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual autoriza visitar cárceles a un subcomité internacional de Prevención de la Tortura y a mecanismos nacionales independientes que los estados se obligan a crear para el efecto.
Un año más tarde, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos informó a la Defensoría del Pueblo que “el Gobierno considera que Colombia es un Estado garantista en la materia de tortura (…) por lo cual no considera necesaria la ratificación del Protocolo Facultativo”. Si realmente fuera garantista, no dudaría un segundo en ratificar el Protocolo.
Ello le habría ayudado, de paso, a cumplir seis recomendaciones más, que el Comité consideró urgentes y para las cuales dio al Gobierno un plazo de un año para informarle. El Comité se alista a examinar el informe que le rindió el Gobierno en abril de este año, vencido ya el plazo.
Una de esas recomendaciones urge sancionar el delito de tortura, fortaleciendo la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y creando un sistema centralizado que permita identificar todos los casos de tortura y su investigación. Como gran respuesta, el Estado informa sobre estudios, documentos Conpes y cursos realizados, así como sobre el presupuesto asignado a la Fiscalía. Omite indicar que en 2009 la Dirección General de Fiscalías tenía 10.471 investigaciones por tortura, que en la Unidad de Derechos Humanos no habría más de 151 en noviembre de 2010, y que para 2011 la Unidad ha reportado 23 sentencias condenatorias. Elocuente balance.
El sistema centralizado de información no se ha creado todavía, pero sí un subcomité animado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos que está estudiando el asunto. El 15 de diciembre de 2004, en reunión del cuerpo diplomático con el presidente de la República, el Programa Presidencial reconoció que no tenía información adecuada sobre tortura, pero que esperaba tenerla para marzo de 2005. La esperanza es lo último que se pierde.
El estado de la mayoría de las otras recomendaciones urgentes es similar: hay once fiscalías ubicadas en brigadas militares, que el Comité pidió descontinuar; se persiste en conceder amnistía de facto en casos de torturas cometidas por paramilitares, aunque el Comité recomendó no hacerlo; la exdirectora del DAS está asilada en Panamá y su exjefe es escuchado impunemente por la Comisión de Acusación, mientras que el Comité solicitó sancionar a los responsables de amenazar la independencia del Poder Judicial; en 2010 había 448 casos de asesinato de civiles en la justicia penal militar, contra la opinión del Comité.
Después de esta “rajada” segura en el próximo examen del Comité, lo sensato va a ser que el Gobierno ratifique por fin el Protocolo Facultativo, como lo hará con la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que acaba de ser declarada constitucional por la Corte. De las seis recomendaciones urgentes, esa sí podrá considerarse cumplida, al menos en parte. Así habría que hacer para pasar la materia y para actuar con urgencia.
EL NUEVO SIGLO
CORTE APROBÓ TRATADO CONSTITUTIVO DE UNASUR
La Corte Constitucional de Colombia declaró como ajustado a la Carta Magna el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que había sido aprobado el 28 de enero pasado por el Congreso de la República, informó la Cancillería.
Con la decisión del tribunal "se completa el ingreso como miembros plenos de los doce países suramericanos a este organismo de integración regional", precisó la Cancillería colombiana en un comunicado.
Según el documento, "la aprobación de Colombia se suma a la ratificación de este Tratado por parte del Parlamento de Brasil el pasado 7 de julio, y del Congreso de Paraguay el 11 de agosto", con lo cual los últimos tres miembros completaron los requerimientos jurídicos para su adhesión total a la Unasur.
"La decisión tomada hoy por la Corte Constitucional colombiana es muy importante, y ratifica una vez más el liderazgo que está tomando Unasur como organismo de integración", dijo desde Buenos Aires la secretaria General del organismo, la colombiana María Emma Mejía, citada por el Cancillería.
Unasur tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes a fin de eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia".
Unasur surgió tras la reunión de los Presidentes de la región, celebrada en Cuzco (Perú), el 8 de diciembre de 2004.
PEQUEÑA CORTE
Pequeña Corte. Existe preocupación en un sector del Consejo de Estado con el desplazamiento lento e imperceptible de varios magistrados de la Corte Constitucional al máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
El advenimiento a ese órgano del poder de magistrados como William Zambrano Cetina, Estela Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancur, quienes no han podido ni han querido quitarse la camiseta de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado es un ente de control de legalidad y constitucionalidad de la función administrativa, equivale a que los mencionados consejeros tienen montada allí una pequeña Corte Constitucional y lo más grave: están a la espera de que les llegue un gran refuerzo. Los consejeros se están encomendando al beato José Gregorio.
REFORMA A LA JUSTICIA Y CONSTITUYENTE
DARÍO MARTÍNEZ BETANCOURT*
“Al Congreso lo colocan entre la espada y la pared”
INSISTIR en la reforma a la Justicia, vía Congreso, es un esfuerzo inútil. Han transcurrido 9 años sin lograr ese propósito. Creer que el Congreso aprobará una reforma estructural sobre este tema es tan ingenuo y utópico, como pensar que la Corte Constitucional la viabilizará.
Por la fuerte oposición de las Cortes al proyecto de reforma presentado por el Gobierno al Congreso, fundamentada en razones como el atentado a la vigencia del Estado de Derecho y el régimen democrático, fácilmente se concluye que es imposible conciliar. El Gobierno es dueño de la iniciativa, el Congreso del pleito y la Magistratura Constitucional de la decisión final.
Al Congreso lo colocan entre la espada y la pared. De un lado están sus compromisos políticos con el programa de gobierno del presidente Santos, y del otro, la espada pendiente de sus jueces. Así, jurídicamente haya desaparecido el conflicto de intereses en esta Reforma Constitucional, el impedimento ético se mantiene frente al elevado número de investigaciones penales y disciplinarias en contra de varios congresistas.
El bien común, la Justicia y el interés general, valores supremos que deben consultar en sus actuaciones los senadores y representantes, los alegan a su favor en este enfrentamiento, el Gobierno Nacional y los Altos Tribunales. El presidente Santos reclama un sano equilibrio de las ramas del poder público, otro tanto lo hacen las Cortes. ¿Cuál podría ser el otro interés colectivo y el equilibrio que el Congreso como árbitro debe buscar? ¿Es posible imaginar un Congreso neutral, incoloro y desideologizado, que esté por encima del bien y del mal? La realidad y la experiencia política enseñan, que quien lleva la peor parte en esta clase de disputas, es el Parlamento. A éste, lo doblega más el temor que las prebendas.
El daño que se puede causar a las instituciones democráticas, la armonía social y a la obtención de los fines esenciales del Estado sería inmenso, si el choque entre el ejecutivo y la rama judicial se traslada al escenario del Congreso y éste, no cumple con el encargo de ser mediador. Su función constituyente en la práctica desaparece o es minusválida. La idea de la Asamblea Constituyente como mecanismo convocado por el pueblo, para evitar que se petrifique la Constitución, reordenando la anatomía y funcionamiento del Estado, con énfasis en la justicia es posible desde el campo jurídico y político. Esa decisión histórica sólo la puede tomar el presidente Santos. Es una salida constitucional que permite desbloquear la contención interinstitucional presentada y garantizar el necesario evolucionismo jurídico, que acople el Derecho con las nuevas y urgentes realidades sociales.
REVISTA SEMANA
LA CORTE CONSTITUCIONAL RATIFICA TRATADO CONSTITUTIVO DE UNASUR
En menos de un año, los últimos tres miembros completaron los requerimientos jurídicos para su adhesión total a la Unasur, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
La Corte Constitucional aprobó por unanimidad el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con lo que completa el ingreso de este país como miembro pleno del organismo, informó el miércoles la Cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá señaló a través de un comunicado que "la aprobación de Colombia se suma a la ratificación de este Tratado por parte del Parlamento de Brasil el pasado 7 de julio, y del Congreso de Paraguay, el 11 de agosto".
El Congreso colombiano aprobó, el pasado 28 de enero, el ingreso a ese grupo de países. El decreto lo firmó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Así las cosas, y según lo establece la Constitución, el único trámite que le faltaba era la revisión de constitucionalidad del tratado por parte de la Corte respectiva.
"La decisión tomada hoy por la Corte Constitucional colombiana es muy importante, y ratifica una vez más el liderazgo que está tomando Unasur como organismo de integración", dijo desde Buenos Aires, la secretaria general del organismo, la colombiana María Emma Mejía.
El proyecto de integración regional busca construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
EL DIARIO DEL SUR – PASTO
CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA PROTECCIÓN A COMUNIDAD AWÁ
Obligan a las autoridades a implementar en dos meses un plan provisional urgente de reacción y contingencia para garantizar derechos de comunidad indígena en Nariño y Putumayo.
La Corte Constitucional ordenó a las autoridades locales, regionales y nacionales, tomar medidas urgentes para salvaguardar la vida y la integridad de la comunidad indígena Awá en Nariño y Putumayo. De no acatarse lo dispuesto se ordena investigaciones penales y disciplinarias a los funcionarios.
Mediante el auto 174 del 2011 la máxima corte de Colombia enfatiza que el Pueblo Indígena asentado en los departamentos de Nariño y Putumayo está en “grave peligro de ser exterminado física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno”.
Además el documento indica “la omisión de las autoridades en brindarle una adecuada y oportuna